Una mala jugada está golpeando con fuerza a Codelco. Por un error propio, la estatal se desistió de la querella por estafa que el 13 de enero pasado presentó ante el Juzgado de Garantía de Calama y así pone término al caso que la propia compañía inició y donde buscaba la responsabilidad penal para quienes resulten responsables del sobreprecio en las pólizas de seguros de vida y accidente que algunos sindicatos de la minera en el norte tenían pactados con Chilena Consolidada durante 14 años y donde Gestión y Servicios (GyS) era intermediaria. Inicialmente, la estatal había indicado que los presuntos responsables eran los ejecutivos de GyS, los dirigentes sindicales de Chuquicamata y Radomiro Tomic que la cuprera busca desaforar y también Chilena Consolidada. Y fue precisamente para sacar del caso a la compañía de seguros –ante el acuerdo que pactaron el lunes pasado- que el tribunal dio por desistida la acción judicial.
El lunes, el abogado Miguel Ángel Chávez en representación de Codelco, presentó un documento para desistirse de la querella “en los términos que se indica”. En el texto, el socio de Chávez y Abogados señala que luego de haber transcurrido siete meses desde la presentación de la querella y tras revisar y analizar los antecedentes con que cuenta a la fecha, “Codelco ha decidido desistirse de su querella tanto respecto de Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A., como de sus sociedades relacionadas y los actuales directores y empleados de éstas y aquella”.
La respuesta del tribunal no demoró en llegar. En el documento, el Juzgado de Garantía de Calama acogió la petición, indicando “téngase a la parte querellante, a saber Codelco, por desistida de la querella presentada en contra de quienes resulten responsables, de conformidad a lo dispuesto al artículo N° 11 del Código Procesal Penal”.
La minera volvió en su arremetida y pidió aclarar al tribunal que el desistimiento solo es en relación a Chilena Consolidada y que Codelco “continuará con la acción penal respecto de los demás involucrados”.
Sin embargo, la lectura que hace el tribunal del norte es distinta a la realizada por el abogado de la principal empresa estatal del país, pues en la respuesta, emitida este jueves por María José Salas, Jueza de Garantía de Calama, al momento que Codelco presentó la querella “no se interpuso en contra de persona determinada –natural o jurídica-, no procede el desistimiento parcial, como así tampoco se cumplen los presupuestos para aclarar, rectificar o enmendar la resolución contra la que se recurre, pues aquélla es clara y no contiene errores”.
Por lo tanto, indica la resolución, “no ha lugar a la solicitud de la querellante Codelco, en orden a rectificar la resolución de fecha 25 de agosto de 2020, por cuanto la querella presentada con fecha 13 de enero de 2020 no individualizó persona o personas naturales en contra de quienes se solicita dirigir la investigación del Ministerio Público”.
La noticia no fue bien recibida en la estatal. Luego de conocer el alcance de la respuesta del tribunal, se inició una serie de consultas internas para saber qué camino seguir. Conversaciones que también incluyen al directorio de la minera, ya que hoy fue la reunión ordinaria de la mesa de la estatal. Al ser consultada, la compañía indicó que “independiente de la estrategia judicial que se defina, Codelco seguirá persiguiendo la responsabilidad penal en este caso en los términos que ya ha informado”.
Entre los caminos que tiene la estatal está apelar a la resolución del tribunal o bien, presentar una nueva querella. Mientras eso se define, la causa que lleva el fiscal jefe de Calama, Cristián Aliaga, continúa su curso, recalcan las fuentes consultadas. “El delito de acción penal es una acción pública. Todo abogado sabe que el desistimiento no extingue la responsabilidad penal”, señala una fuente que conoce el avance del proceso en el norte.
Pero si Codelco no sigue a la cabeza de la causa, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) podría tomar la potestad de la acción judicial. El organismo ya está al tanto del avance de la causa y hoy tiene el caso en estado de “vigilancia”.
La Tercera
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