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(Pulso)\u00a0<\/strong>La divisi\u00f3n Salvador de Codelco sigue estando en la mira de Cochilco y tambi\u00e9n del Ministerio P\u00fablico. A inicios de noviembre, la Comisi\u00f3n Chilena del Cobre, organismo encargado de fiscalizar a las mineras estatales y que dirige Marco Riveros, entreg\u00f3 dos auditor\u00edas a la justicia, las que fueron realizadas durante este a\u00f1o y que culminaron el 25 de septiembre y el 28 de octubre reci\u00e9n pasado. Ambas tienen que ver con contratos adjudicados a Trepsa Cerro Alto y Vecchiola, en la licitaci\u00f3n por movimiento de tierra que naci\u00f3 con un error de c\u00e1lculo en el plan minero respecto del mineral que se deb\u00eda trasladar. Y tambi\u00e9n, con el contrato San Antonio Baja Escala (SABE), debido a una serie de irregularidades en su adjudicaci\u00f3n y donde uno de los socios, al momento de la subasta y hasta julio del a\u00f1o pasado, era Juli\u00e1n Gonz\u00e1lez, el exsocio del hijo de Nelson Pizarro, presidente ejecutivo de Codelco entre septiembre de 2014 y el mismo mes de 2019.<\/p>\n Hoy, la informaci\u00f3n est\u00e1 siendo analizada por la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscal\u00eda Oriente, donde se lleva un proceso contra Nelson Pizarro, luego de una demanda que fue presentada por Codelco en diciembre del a\u00f1o pasado por tr\u00e1fico de influencia. A esto se suma un requerimiento por cohecho, por parte del Consejo de Defensa del Estado (CDE) en abril de 2020.<\/p>\n El caso, que qued\u00f3 a cargo de la fiscal Mar\u00eda Gloria V\u00e1squez -por la salida de pre natal de Constanza Encina-, est\u00e1 cerca de cumplir un a\u00f1o, y en el cual, seg\u00fan indican fuentes que conocen el avance del proceso, a\u00fan no se ha podido comprobar el potencial tr\u00e1fico de influencias y cohecho por parte de Pizarro. Fuentes cercanas al ejecutivo minero comentan que la fiscal\u00eda estar\u00eda a punto de cerrar todos los aspectos vinculados con la casa en Chicureo que Pizarro compr\u00f3 a su hijo y que pertenec\u00eda a Juli\u00e1n Gonz\u00e1lez, y por la que pag\u00f3 $ 700 millones y no los $ 70 millones que indic\u00f3 el CDE en su querella. La operaci\u00f3n, que se gener\u00f3 en 2014, meses antes de que el expresidente ejecutivo asumiera su cargo en la estatal, fue acreditada por la defensa con la entrega de cheques y otros documentos, comentan las fuentes consultadas.<\/p>\n Sin embargo, de acuerdo a los antecedentes recopilados en las m\u00e1s de 3.000 fojas que tiene el caso, la fiscal\u00eda ahora estar\u00eda concentrando el an\u00e1lisis en una nueva l\u00ednea investigativa relacionada con las \u00e1reas administrativas donde se tomaban las decisiones respecto a la adjudicaci\u00f3n y operaci\u00f3n de los contratos con terceros, y tambi\u00e9n desde d\u00f3nde se gatill\u00f3 el error de c\u00e1lculo del plan minero de Salvador. Esto, ya que una de las tesis que estar\u00eda investigando la justicia es que Pizarro, en su cargo de presidente ejecutivo, habr\u00eda estado al tanto de todas las irregularidades.<\/p>\n Es que, debido a la sobredimensi\u00f3n del contrato adjudicado a Trepsa y Vecchiola -empresa que se uni\u00f3 a Tepsac para ejecutar el contrato-, Cochilco estima que la cuprera tuvo un impacto econ\u00f3mico de US$ 30 millones, cifra que nace de decisiones que fueron calificadas como innecesarias e inoportunas por parte del organismo fiscalizador.<\/p>\n Ese impacto sube, de acuerdo con Cochilco, porque el contrato sigue vigente en otras unidades del Distrito Norte. Ante esto, el organismo fiscalizador proyecta un impacto adicional cercano a US$ 7 millones.<\/p>\n La cifra se compara con el costo que podr\u00eda haber asumido Codelco si hubiera decidido rescindir el contrato con Vecchiola, cuya indemnizaci\u00f3n era cercana a los US$ 6 millones.<\/p>\n Sin embargo, en Codelco descartan tal efecto. \u201cEsta reasignaci\u00f3n no gener\u00f3 impacto econ\u00f3mico en las divisiones del Distrito Norte que recibieron los servicios redistribuidos, debido a que fueron asignados de acuerdo con las necesidades reales de \u00e9stas y a precios de mercado\u201d, recalcan en la compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n De manera preliminar, la estatal identific\u00f3 un impacto econ\u00f3mico muy acotado, pero, posteriormente, una investigaci\u00f3n interna cifr\u00f3 el sobrecosto residual entre US$ 12 millones a US$ 15 millones frente a los US$68 millones que habr\u00eda significado no reasignar el exceso de capacidad contratada a las empresas Tepsac y Vecchiola.<\/p>\n Sin embargo, la informaci\u00f3n que se maneja a nivel sindical es que s\u00ed existe un impacto, lo que coincide con la visi\u00f3n de Cochilco, ya que los camiones que hoy est\u00e1n operando en el norte del pa\u00eds son de menor tama\u00f1o, lo que hace que tengan que realizarse m\u00e1s viajes para poder cumplir con las metas productivas. Por eso, en junio pasado, profesionales de Cochilco visitaron las instalaciones, con el objetivo de seguir analizando los impactos que est\u00e1 causando la extensi\u00f3n de dicho contrato.<\/p>\n San Antonio<\/p>\n En cuanto al contrato SABE, Cochilco determin\u00f3 una serie de irregularidades en su adjudicaci\u00f3n. Algunas de ellas son que no hubo un an\u00e1lisis financiero del consorcio, el que se cre\u00f3 en octubre de 2018 con un capital de $ 10 millones. Tambi\u00e9n destaca que no hubo un an\u00e1lisis de \u201ccaso negocio\u201d del contrato, lo que se evidencia por sobrecostos cobrados al poco de tiempo de adjudicado el contrato, el que adem\u00e1s fue otorgado con \u201ctrato directo\u201d. Se trata de $ 625 millones, los que fueron pagados entre abril y agosto de 2019, entre otras irregularidades que detect\u00f3 Cochilco. A la fecha, el fiscalizador sigue adelante con la investigaci\u00f3n de este contrato, en una nueva auditor\u00eda que al d\u00eda de hoy tiene m\u00e1s de un 70% de avance, indican fuentes que conocen la investigaci\u00f3n que est\u00e1 realizando el organismo estatal.<\/p>\n En Codelco explican que el sobrecosto producido en el contrato de movimiento de material con Trepsa para el proyecto SABE, entre abril y julio de 2019 -no agosto como indica Cochilco-, \u201cobedece al gasto en reparaciones extraordinarias de la flota, reclamadas por las malas condiciones del camino\u201d. Y recalcan que la lixiviaci\u00f3n de \u00f3xidos del proyecto San Antonio a baja escala \u201cha sido rentable para Codelco, mejorando la posici\u00f3n competitiva de la divisi\u00f3n. La explotaci\u00f3n de \u00f3xidos colabora con la continuidad de Divisi\u00f3n Salvador hasta la entrada en operaci\u00f3n del proyecto Rajo Inca\u201d.<\/p>\n Responsabilidades<\/p>\n En el an\u00e1lisis que hace Cochilco se desprende que, en las irregularidades detectadas, hay responsabilidades administrativas y tambi\u00e9n del directorio de la estatal. Esto, porque las nuevas licitaciones realizadas en Salvador fueron visadas por el Comit\u00e9 de Auditor\u00eda, Compensaciones y \u00c9tica (CACE), presidido por Blas Tomic. De hecho, Tomic fue uno de los directores que ya prest\u00f3 declaraci\u00f3n en el caso contra Nelson Pizarro, junto con el exauditor de la minera, C\u00e9sar Correa Parket, testigos propuestos por la defensa del expresidente ejecutivo de la estatal, a cargo de Samuel Donoso y Rodrigo Cordero.<\/p>\n Tambi\u00e9n lo hicieron \u00c1lvaro Aliaga, exvicepresidente de Operaciones Norte, y el exgerente general de Salvador, Juan Carlos Avenda\u00f1o, quienes fueron a declarar en calidad de imputados, seg\u00fan indican fuentes judiciales.<\/p>\n Las nuevas investigaciones de Cochilco levantaron las alertas en el directorio de la estatal. De hecho, durante este a\u00f1o, Aliaga fue a varias reuniones de la mesa a explicar las discrepancias que la estatal tiene con Cochilco respecto del impacto econ\u00f3mico de las decisiones que se tomaron en la licitaci\u00f3n de Salvador, relato que era complementado por Jos\u00e9 Robles, vicepresidente de Productividad y Costos de la estatal. Ambos ejecutivos salieron el pasado mes de octubre de la minera.<\/p>\n En cuanto a los responsables, Codelco se\u00f1ala que una vez identificadas las desviaciones o faltas administrativas, la estatal realiz\u00f3 las investigaciones y aplic\u00f3 las sanciones que correspond\u00edan. \u201cComo lo ha hecho hasta ahora, Codelco seguir\u00e1 colaborando con las investigaciones que desarrollen las autoridades fiscalizadoras y de justicia, de modo que se identifiquen las responsabilidades y se apliquen las sanciones que correspondan\u201d, recalcan en la estatal.<\/p>\n Seg\u00fan enfatizan fuentes de la compa\u00f1\u00eda, hay preocupaci\u00f3n por parte de los directores de la minera, \u201clos que est\u00e1n empe\u00f1ados en esclarecer todas las responsabilidades que deriven de este caso\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" (Pulso)\u00a0La divisi\u00f3n Salvador de Codelco sigue estando en la mira de Cochilco y tambi\u00e9n del Ministerio P\u00fablico. 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